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Lo que pasó: El CEPC y la UAM firman un convenio para publicar el informe anual de justicia administrativa. 🤝
A quién afecta: A juristas, administraciones públicas, tribunales contencioso-administrativos y ciudadanos que reclaman a la Administración.
Cuándo cambia/ocurre: Convenio firmado el 10 de septiembre de 2026 y publicado en el BOE el 11 de septiembre de 2026.
Lo que pasó: El CEPC y la UAM firman un convenio para publicar el informe anual de justicia administrativa. 🤝
A quién afecta: A juristas, administraciones públicas, tribunales contencioso-administrativos y ciudadanos que reclaman a la Administración.
Cuándo cambia/ocurre: Convenio firmado el 10 de septiembre de 2026 y publicado en el BOE el 11 de septiembre de 2026. 🗓️
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y la Universidad Autónoma de Madrid han suscrito un convenio interadministrativo para la elaboración y difusión del «Informe sobre la Justicia Administrativa 2026». El acuerdo se firmó el 10 de septiembre de 2026 y, conforme al artículo 48.8 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, el 11 de septiembre de 2026. 📰
El trabajo lo desarrollará el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Facultad de Derecho de esa universidad, con una perspectiva empírica, comparada e interdisciplinar, y con una sección monográfica dedicada al procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa. La publicación electrónica del informe está prevista, como muy tarde, para el 31 de diciembre de 2026. ⏳
🔹 Causa 1: Una colaboración consolidada desde hace casi una década. Ambas instituciones vienen suscribiendo convenios anualmente para este mismo fin, con aportaciones recurrentes del centro público y una metodología académica ya contrastada en ediciones anteriores.
🔹 Causa 2: El interés específico en los derechos fundamentales. El organismo estatal quiere que el informe incluya un análisis monográfico del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una materia de su ámbito competencial.
🔹 Causa 3: La necesidad de medir el control de la Administración. El informe analiza parámetros de funcionamiento de la justicia administrativa con datos de 2025, algo que exige recursos, coordinación institucional y tiempo material de elaboración. 📊
Si eres profesional del derecho o investigador: tendrás acceso abierto y gratuito a un informe con datos empíricos y comparados sobre el funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y sobre el procedimiento de amparo judicial de derechos fundamentales.
Si eres ciudadano o empresa que litiga contra la Administración: el documento permitirá conocer tiempos, resultados y cuellos de botella del sistema, información útil para calibrar expectativas y exigir mejoras.
Si trabajas en una administración pública: el informe ofrece un diagnóstico externo sobre cómo responden los tribunales a la actividad administrativa y sobre los puntos donde el control judicial falla o se retrasa. ⚖️
| Dato / Concepto | Detalle |
|---|---|
| Fecha de firma del convenio | 10 de septiembre de 2026 |
| Publicación en el BOE | 11 de septiembre de 2026 |
| Aportación del CEPC | 2.000 euros |
| Presupuesto total estimado | 11.700 euros |
| Peso del CEPC en el presupuesto | En torno al 17% del total |
| Publicación electrónica del informe | No más tarde del 31 de diciembre de 2026 |
| Contenido destacado | Sección sobre protección de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa |
| Ámbito | Estatal, con perspectiva comparada e interdisciplinar |
| Año | Mes | Resumen |
|---|---|---|
| 2015 | No precisado | Se publica la primera edición del informe, referencia metodológica del proyecto y disponible en abierto. |
| 2017 | Julio | Primer convenio para la sección sobre derechos fundamentales, con 1.500 euros de aportación pública. |
| 2018 | Agosto | Se repite la fórmula de colaboración con 1.500 euros. |
| 2019 | Julio | Nueva edición de la sección monográfica, con la misma aportación. |
| 2020 | Julio | El convenio mantiene los 1.500 euros en un contexto de elaboración más complejo. |
| 2021 | Mayo | La aportación pública sube a 2.000 euros. |
| 2022 | Mayo | Se consolida la aportación de 2.000 euros para la sección de derechos fundamentales. |
| 2023 | Julio | El convenio abarca ya el informe completo, con presupuesto total de 15.100 euros. |
| 2024 | Octubre | Se firma el convenio del informe de 2024, con 2.000 euros y 15.100 euros de presupuesto. |
| 2025 | Noviembre | Convenio del informe de 2025: 2.000 euros sobre un presupuesto de 13.800 euros. |
| 2026 | Julio | La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia firma su sección para el informe de 2026 con 2.500 euros. |
| 2026 | Septiembre | El CEPC y la universidad suscriben el convenio del informe de 2026 y se publica en el BOE. |
| 2026 | Diciembre | Publicación electrónica prevista del informe, como máximo el día 31. |
El Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa nació en 2014 en el seno de la Facultad de Derecho de la universidad madrileña y tiene como misión impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento sobre el control de la actuación administrativa. Desde 2017 viene publicando anualmente su informe con el respaldo económico del organismo estatal, una colaboración que se ha mantenido sin interrupciones y que en ediciones recientes se ha ampliado con aportaciones de otros organismos públicos. 🔎
La fórmula jurídica elegida es la del convenio interadministrativo, excluido del ámbito de la ley de contratos del sector público, lo que permite sumar recursos públicos de distintas instituciones en torno a un mismo proyecto científico sin licitación. El resultado se difunde en abierto, de modo que cualquier interesado puede consultarlo sin coste.
Con el convenio ya en vigor, el equipo investigador trabajará durante 2026 en la recopilación y análisis de los datos relativos a 2025, incluida la sección específica sobre el procedimiento de protección de los derechos fundamentales. El acuerdo prevé una reunión anual de seguimiento entre un representante del organismo público y otro de la fundación universitaria, ampliable a cuantas reuniones sean necesarias, para vigilar la ejecución y resolver incidencias. 📆
La siguiente cita relevante es la publicación electrónica del informe, que debe producirse no más tarde del 31 de diciembre de 2026, junto con su presentación pública, en la que colaborará el centro estatal. Si se cumplen los plazos, la difusión se realizará en la web del centro de investigación y podrá consultarse desde la página del organismo público. ✅
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